Rosa M. Gallardo García. Profesora Contratada Doctora de Derecho penal. Universidad De Cádiz.
La siniestralidad laboral es un problema social que exige una solución. La prevención de riesgos laborales ha tenido un especial desarrollo normativo. El legislador aspira a ofrecer una respuesta inmediata a las altas cifras de accidentes laborales que, debido a los importantes intereses en juego, ha justificado la intervención administrativa sancionadora y penal.
Ambas ramas del control social formal aspiran a prevenir las conductas infractoras en el ámbito laboral. Con intención de evitar una laguna de punibilidad, encontramos coincidencias en el orden penal y administrativo que dificultan la tarea del intérprete jurídico. De ahí, la necesidad de ofrecer pautas de interpretación que faciliten la aplicación y efectividad de la norma.
