Ainhoa M.ª Goñi Irulegui. Doctoranda de Derecho Procesal. Universidad Pública de Navarra.
En el presente estudio se abordan dos cuestiones de gran trascendencia con relación a la prueba electrónica en el proceso laboral: por un lado, si es posible acceder a datos e información electrónica en poder de la contraparte para proponer posteriormente como fuente de prueba en el proceso laboral; por otro lado, la posibilidad de adopción de medidas de aseguramiento de las pruebas obtenidas. Al respecto, se defiende que los artículos 76.4 y 90. 4 de la LJS permiten solicitar y obtener, mediante el auxilio judicial, el acceso a las pruebas electrónicas que, de otro modo, no se podrían obtener, y que, por su parte, el art. 78.2 LJS, si bien adolece de un contenido adecuado, ofrece, en consonancia con el art. 297.1 LEC, un cauce para garantizar la preservación de las informaciones electrónicas que pueden constituir prueba en el proceso laboral.
